Ciudad de Guatemala, 27 dic (Prensa Latina) La Corte Constitucional de Guatemala ordenó hoy al Ministerio Público (MP) continuar la investigación contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a quienes el Congreso retiró la inmunidad.
El alto tribunal pidió además una ampliación al Organismo Legislativo por el tema de la definición de los magistrados suplentes, cuyo plazo deberá cumplir en 48 horas, aunque este se encuentra de vacaciones hasta el 4 de enero.
El pasado 30 de noviembre 108 diputados votaron a favor de una moción contra Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco, 26 se abstuvieron e igual cantidad estuvo en contra.
Con el retiro de inmunidad otorgaron luz verde al MP para investigarlos por supuestas anomalías en la contratación del servicio informático de transmisión de resultados de los comicios.
Al término de la votación, el diputado del partido Movimiento Semilla, Samuel Pérez, declaró que lo ocurrido pareciera un sentimiento de venganza personal de algunos legisladores, más bien la mayoría, que no fueron reelectos.
Ya están cultural, social y políticamente derrotados y solo querían dar un último golpe a los magistrados, que bajo las reglas de ellos condujeron el proceso y no ganaron, expresó el congresista.
Estas acciones –añadió- no son nada nuevo para los miembros de Semilla porque “sabemos que esta es una persecución política”, enfatizó Pérez.
A partir de la medida los cuatro magistrados decidieron abandonar el país, sin embargo, con los resultados electorales validados, oficializados e inalterables, sin recursos pendientes por resolver, el TSE salió de vacaciones.
La presidenta de ese órgano de Guatemala, Blanca Alfaro, comentó días atrás que espera el regreso a las funciones de tres de ellos el próximo 3 de enero.
Las acciones judiciales que el MP emprendió vinculadas al proceso electoral y la sugerencia de anular los sufragios por supuestas irregularidad conmocionaron a Guatemala y a la comunidad internacional.
Organizaciones locales y extranjeras continúan con la condena a la persecución judicial y coinciden en la defensa de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
